"La Unión hace la fuerza"........

• Siete organizaciones se unen frente a la ONU

• Por la inmersión lingüística

• En defensa de la escuela en catalán

• Para que se respeten los derechos

El relator de minorías de las Naciones Unidas, Fernand de Varennes, ha recibido una comunicación firmada por Plataforma por la Lengua, el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC), Fundación Escuela Valenciana, Language Rights, USTEC-STEs-IAC, la Intersindical y Sine qua non.

La comunicación informa el relator de los reiterados ataques que ha recibido la inmersión lingüística los últimos años por parte del Estado español y le propone que emprenda acciones concretas en defensa de la escuela en catalán.

Siete organizaciones de la sociedad civil se han unido para reclamar al relator de minorías de las Naciones Unidas, Fernand de Varennes, que actúe para frenar la campaña de los tribunales españoles que busca tumbar la inmersión e imponer la vehicularidad del castellano al sistema educativo de Cataluña. El relator, una figura técnica que velatorio porque los estados respeten los derechos de las minorías, ya había conminado las autoridades españolas en 2020 a "revisar cualquier medida que pueda reducir la proporción de enseñanza que se lleva a cabo en la lengua minoritaria catalana en las escuelas públicas". Las siete organizaciones que han firmado la comunicación al relator son Sine qua non, Plataforma por la Lengua, el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC), Fundación Escuela Valenciana, Language Rights, USTEC-STEs y la Intersindical.

Las organizaciones hacen una serie de demandas a Fernand de Varennes, a quien reclaman que actúe para poner freno en la política homogeneizadora del Estado. Así, le proponen que se dirija para advertirle que su actitud es contraria a las recomendaciones que él mismo los hizo el 2020, que le requiera el cumplimiento de sus compromisos internacionales -y que por lo tanto evite medidas restrictivas en cuanto al uso del catalán- y que le recuerde que la promoción de una lengua minoritaria no es un acto de discriminación. También se pide al relator que establezca un mecanismo de monitorización de la situación del catalán que contribuya a garantizar los derechos lingüísticos de los catalanes y a prevenir el deterioro de la lengua.

Hay que decir que Fernand de Varennes ha reiterado sus planteamientos en cuanto a la educación en las lenguas minoritarias y al discurso del odio. Este martes día 22 de marzo, el relator presentó ante la 49.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU las últimas Recomendaciones del Foro sobre Cuestiones de Minorías, elaboradas el mes de diciembre. A su informe, De Varennes remarca que el reconocimiento y la protección de las minorías y de sus identidades supone una garantía contra los conflictos. 

Los tribunales españoles, una cámara legislativa

Durante los últimos años la judicatura española ha estado muy activa en el intento de imponer un cambio en el sistema educativo catalán que asegure el uso del castellano como lengua vehicular. El Tribunal Constitucional español imaginó ya en 1982 que existía un derecho de recibir la enseñanza en castellano, para "garantizar la igualdad" en "el cumplimiento de los deberes constitucionales", en una referencia en el artículo 3.1 de la Constitución española, que impone el deber de conocer el castellano a todos los ciudadanos. En sentencias posteriores, este tribunal afirmó que este derecho se podía concretar en "un modelo de bilingüismo en la enseñanza basada en la elección de la lengua cooficial en que se tenga que recibir" o, alternativamente, en un "modelo basado en la conjunción de ambas lenguas cooficiales". Esta visión imaginativa, que ignora que la asignatura de lengua castellana ya garantiza el conocimiento, fue reiterada a la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, sobre el Estatuto de Cataluña. A partir de aquel momento los tribunales ordinarios han emitido un goteo de sentencias para hacerla efectiva.

Durante los 12 años transcurridos desde la sentencia del Estatuto, las demandas de los tribunales se han hecho cuanto más va más exigentes. El mismo 2010, el Tribunal Supremo instó el gobierno a modificar el sistema educativo para equiparar el castellano con el catalán "como lengua vehicular de forma proporcional y equitativa en todos los cursos del ciclo de enseñanza obligatoria". Entre 2011 y 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó en la Generalitat que garantizara a algunas familias demandantes el derecho de ser escolarizadas en castellano. El 2014, el Tribunal Superior estableció el criterio que si un alumno solicitaba la escolarización en castellano todo su grupo tenía que hacer un mínimo del 25% de las asignaturas en esta lengua, en un claro ejemplo de legislación desde los tribunales.

A diciembre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña fue más allá y estableció que la escolarización en castellano no era solo un derecho individual sino que se tenía que extender en todo el sistema educativo en un "modelo de conjunción lingüística", sin que ni siquiera hubiera la posibilidad de establecer dos líneas lingüísticas, porque el "Estatuto de Autonomía impide taxativamente la segregación de los alumnos por grupos o aulas en función de la lengua" (el Estatuto solo garantiza el derecho de los alumnos de no ser adscritos en un grupo determinado en función de la lengua habitual, pero no prohíbe un modelo de elección). A final de 2021 el Tribunal Supremo rechazó el recurso de la Generalitat contra la sentencia del Tribunal Superior y esta aconteció firme. Hace unos días, el Tribunal Supremo dio 10 días en la Generalitat para informar de los cambios que efectuaría. Además, se ha abierto un plazo de 2 meses en que el gobierno español o una parte interesada puede exigir la ejecución forzosa de la sentencia.

La sentencia incumple los tratados internacionales del Estado español

La sentencia del Tribunal Superior, además de forzar el lenguaje del Estatuto para imponer la vehicularidad del castellano a todo el sistema educativo público y concertado, es abiertamente contraria a la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias (CELRoM), un tratado internacional promovido por el Consejo de Europa. En el instrumento de ratificación de la Carta, España se comprometió a garantizar la opción de estudiar íntegramente en catalán. El Comité de Expertos para el cumplimiento de la Carta, así como el Comité de Ministros del Consejo de Europa, ya advirtieron en España en 2021 que los porcentajes obligatorios de castellano son contrarios al instrumento de ratificación, en referencia en aquel caso a la Ley de Plurilingüismo valenciana. Además, la sentencia del Tribunal Superior también es contraria a las recomendaciones que el relator de minorías de la ONU, que en 2020 pidió a las autoridades españolas que evitaran reducir los porcentajes de catalán en el sistema educativo catalán. La CELRoM también establece que las medidas adoptadas para promover la igualdad entre los hablantes de las lenguas minoritarias y de las lenguas dominantes, no pueden ser consideradas como discriminatorias.

Breves de la historia: 25 años de éxitos

La Plataforma per la Llengua nació en 1993 a partir del Colectivo L'Esbarzer, un grupo de jóvenes vinculados al tejido asociativo de la Vila de Gracia de Barcelona que querían mejorar la situación del catalán. Sus integrantes provenían principalmente del mundo coral, del excursionismo y de la cultura popular y tradicional.

En los primeros años noventa, la disolución de la Crida a la Solidaritat había dejado huérfano un espacio de reivindicación que había que mantener. Así la Plataforma per la Llengua recogía la experiencia del activismo cívico de la Crida y modernizaría el discurso a favor del catalán a partir de sus principales valores: la eficiencia, la eficacia, el pragmatismo y la obtención de resultados tangibles.

De la primera etapa de reuniones en los históricos Lluïsos de Gràcia, la organización fue creciendo y se estructuró con comisiones de trabajo y núcleos territoriales, estableciendo sinergias con otras asociaciones del área lingüística. Diversos artistas, además, han ido ofreciendo sus creaciones pictóricas en favor de la organización.

Con el crecimiento de la Plataforma per la Llengua, ésta se ha ido consolidando como la entidad de referencia de la sociedad civil en temas de lengua, construyendo un espacio propio y un discurso diferenciador, el de la ONG del catalán. Además, desde principios del siglo XXI la entidad dispone de un Consejo Consultivo de carácter asesor y una revista corporativa, La Corbella.

Dos décadas después de su nacimiento, con miles de socios, numerosos voluntarios una estructura técnica que da respuesta a los proyectos iniciados, la Plataforma per la Llengua sigue trabajando por hacer del catalán la lengua común y de cohesión social.